Imaginemos una vacuna que requiere una inversión importante este año; la evaluación económica estima que se evitarán consultas, hospitalizaciones, ingresos en cuidados intensivos, complicaciones y muertes. Con el tiempo, los costos evitados podrían incluso superar la inversión realizada. Parecería una decisión sencilla: si una vacuna puede ahorrar dinero, ¿por qué puede ser tan difícil financiarla? Porque generar valor, ahorrar recursos y disponer hoy del dinero necesario para invertir no son lo mismo.
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Costo-efectividad, ahorro y asequibilidad responden preguntas diferentes
Una vacuna puede ser costo-efectiva cuando los beneficios adicionales para la salud justifican los recursos adicionales que requiere. Puede ser ahorradora cuando los costos que evita superan el costo de la vacunación. Y puede ser asequible cuando el sistema dispone de los recursos necesarios para incorporarla dentro de sus restricciones presupuestarias; como vemos, son tres preguntas diferentes:
¿Vale la pena?
¿Puede llegar a ahorrar recursos?
¿Podemos pagarla ahora?
Una intervención puede responder afirmativamente a las dos primeras y tener dificultades con la tercera. El valor depende de la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. La asequibilidad depende, además, de cuánto dinero necesitamos, de cuándo lo necesitamos y de quién debe aportarlo.
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Los ahorros futuros no pagan las facturas de hoy
Una campaña de vacunación puede requerir adquirir y administrar cientos de miles o millones de dosis en un periodo relativamente corto. La inversión se concentra al comienzo, pero las hospitalizaciones, las complicaciones y las muertes evitadas pueden distribuirse a lo largo de meses o años. Por eso, una estrategia puede terminar generando un ahorro neto y, al mismo tiempo, producir inicialmente una presión importante sobre el presupuesto: los ahorros futuros no pagan las facturas de hoy.
Aquí adquieren especial importancia dos medidas que discutimos en el briefing anterior: el retorno de la inversión (ROI) y el periodo de recuperación (payback period). No solo necesitamos saber cuánto puede retornar una inversión en vacunación, sino también cuándo.
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Una buena inversión puede tener un gran impacto presupuestal
Además, existe un problema de escala: una vacuna de costo relativamente bajo por persona puede representar una inversión considerable cuando hay millones de personas elegibles. Esto explica por qué la costo-efectividad y el impacto presupuestal no son sinónimos. La costo-efectividad estima si obtenemos un valor suficiente por los recursos utilizados, mientras que el impacto presupuestal estima qué ocurrirá con el presupuesto al implementar la estrategia en la población real. Una vacuna puede tener un ICER muy favorable y, sin embargo, requerir una inversión inicial que el sistema no pueda absorber de inmediato.
La dificultad financiera no invalida su valor, pero tampoco desaparece solo porque hayamos demostrado su costo-efectividad.
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Quien paga puede no ser quien ahorra
A esto se suman los split incentives, o incentivos divididos, pues el presupuesto que cubre una vacuna puede ser diferente del que financia las hospitalizaciones que esa vacuna evita. Otro actor puede beneficiarse de una menor necesidad de rehabilitación; las familias pueden evitar gastos y tiempo dedicados al cuidado, o la economía puede beneficiarse de un menor ausentismo o de una menor pérdida de productividad. Es decir, desde la perspectiva de la sociedad, el balance puede resultar muy favorable.
Pero desde la perspectiva del actor que debe desembolsar el dinero hoy, la situación puede parecer diferente: yo pago ahora y otros reciben parte de los beneficios después. Por eso, una intervención puede ahorrar dinero al sistema, pero no necesariamente al presupuesto específico que debe financiarla.
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Pero evitar costos tampoco significa necesariamente liberar dinero
Supongamos que una vacuna evita mil hospitalizaciones; podemos estimar cuánto habría costado atenderlas. Sin embargo, eso no implica necesariamente que ese mismo dinero esté disponible en una cuenta bancaria. Los hospitales tienen costos fijos, pues deben mantener la infraestructura, el personal, los equipos y los servicios, independientemente de que algunas camas dejen de estar ocupadas. Por eso debemos distinguir entre costos evitados, recursos liberados y ahorro financiero.
Aunque no son exactamente lo mismo, esto no disminuye el valor de evitar una hospitalización; incluso puede hacerlo más interesante.
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¿Cuánto vale una cama disponible?
Cuando un sistema sanitario tiene capacidad ociosa, liberar una cama adicional puede tener un valor limitado. Pero cuando las urgencias, la hospitalización o los cuidados intensivos operan cerca o por encima de su capacidad, la situación cambia. En septiembre de 2026 se reportó que 36 instituciones de Medellín presentaban, en promedio, una ocupación de urgencias del 156%. Esto plantea una pregunta que rara vez se aborda en las evaluaciones económicas de vacunas: ¿Cuántas de esas consultas u hospitalizaciones podrían haberse evitado mediante la vacunación?
No conocemos la respuesta ni podemos atribuir la saturación hospitalaria a enfermedades inmunoprevenibles. Sus causas son múltiples, pero la pregunta sigue siendo válida, pues una hospitalización evitada por una enfermedad inmunoprevenible puede liberar una cama para una persona con insuficiencia cardíaca, un accidente cerebrovascular, una complicación de la diabetes, cáncer u otra enfermedad que no podemos prevenir mediante la vacunación. Una cama liberada no necesariamente genera dinero en caja, pero puede generar algo igualmente escaso: la capacidad de atender oportunamente a otro paciente.
Esto puede ser especialmente importante en sistemas con infraestructura limitada, donde ampliar la capacidad hospitalaria requiere inversiones elevadas y tiempo. Por eso, quizá nuestros modelos deberían estimar no solo las hospitalizaciones y los días-cama evitados, sino también el valor de la capacidad instalada que esas intervenciones permiten liberar.
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Sobrevivir no siempre significa recuperar la autonomía
En los adultos mayores existe otra consecuencia que puede pasar desapercibida en las evaluaciones cuando nos concentramos únicamente en los episodios agudos. Una infección grave puede tener tres desenlaces muy diferentes: el paciente muere, se recupera completamente o sobrevive con una pérdida prolongada de la capacidad funcional. Esta última posibilidad tiene profundas consecuencias, ya que puede requerir rehabilitación, atención domiciliaria, institucionalización o cuidados durante meses, años o incluso el resto de la vida.
Y los cuidadores son un recurso escaso; además, cuando el cuidado lo proporciona un familiar, puede que no aparezca ninguna factura, pero eso no significa que sea gratuito. Alguien reduce sus horas de trabajo, abandona temporalmente su empleo, sacrifica otras actividades o dedica una parte importante de su tiempo al cuidado. Cuando no existe una red familiar capaz de asumirlo, surge la necesidad de contratar cuidados formales o recurrir a servicios sociales y sanitarios, y algunas personas simplemente no disponen de ninguna de esas alternativas.
Por eso, en adultos mayores, prevenir enfermedades graves puede significar también preservar la autonomía y evitar futuras necesidades de cuidado. Ese beneficio debería tener un lugar más destacado en las evaluaciones económicas.
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¿Y qué ocurre cuando cada vez nacen menos niños?
La transición demográfica introduce otra dimensión: Colombia tiene actualmente una fecundidad muy inferior al nivel de reemplazo poblacional. Al mismo tiempo, diferentes análisis demográficos sugieren que el país podría haber alcanzado ya su máximo poblacional o encontrarse muy cerca de alcanzarlo. Esto no significa que la vida de un niño adquiera mayor valor porque nazcan menos niños, pues el valor de una vida humana no depende del tamaño de la cohorte. Pero las consecuencias demográficas y económicas de las muertes prevenibles en edades tempranas pueden cobrar una mayor relevancia colectiva a medida que las nuevas generaciones se vuelven cada vez más pequeñas.
Un niño que muere por una enfermedad prevenible con vacunación representa, ante todo, una pérdida humana. Pero también desaparecen potencialmente décadas de educación, participación social, actividad productiva y contribución a una sociedad que deberá sostener a una proporción creciente de adultos mayores con generaciones laboralmente activas cada vez más pequeñas. ¿Cuánto de esto se incluye en una evaluación económica convencional de la vacunación infantil? Probablemente muy poco.
La pregunta metodológica no es si debemos asignar arbitrariamente un mayor valor a un QALY infantil solo porque la natalidad disminuyó. Es otra: ¿estamos capturando adecuadamente las consecuencias a largo plazo de las muertes prevenibles en una sociedad cuya estructura demográfica está cambiando?
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El retorno no siempre aparece como dinero
Llegados a este punto, quizá necesitamos ampliar nuestra propia definición de retorno. Una inversión en vacunación puede traducirse en menores costos médicos, en capacidad hospitalaria liberada, en una persona mayor que conserva su autonomía, en horas de cuidado que una familia ya no necesita proporcionar, o en una muerte prematura evitada en una generación cada vez más pequeña. Es decir, el retorno de una vacuna no siempre se refleja en dinero que vuelve al presupuesto. A veces aparece como una cama disponible, como un cuidador que deja de ser necesario o como una persona que conserva su autonomía.
Eso no significa incorporar indiscriminadamente cualquier beneficio imaginable con el fin de obtener un resultado económico favorable. Cada consecuencia incluida debe contar con evidencia suficiente, una relación causal defendible y una estimación transparente de su incertidumbre. Pero excluir sistemáticamente aquello que resulta difícil de monetizar tampoco hace que una evaluación sea más rigurosa; puede simplemente hacerla más incompleta.
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Ahorrar dinero tampoco debería convertirse en una condición
Finalmente, existe un riesgo que conviene evitar: no deberíamos exigir que una vacuna “se pague sola” para considerarla valiosa. Los sistemas sanitarios financian cirugías, tratamientos oncológicos, cuidados intensivos y numerosas intervenciones que incrementan el gasto porque generan resultados en salud que la sociedad considera valiosos. Las vacunas no deberían enfrentarse a un estándar diferente: Ahorrar dinero puede fortalecer el argumento a favor de una intervención, pero no es un requisito para que esta genere valor.
El objetivo de un sistema de salud no es gastar lo menos posible, sino lograr la mejor salud posible utilizando de manera responsable recursos que siempre serán limitados.
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Entonces, ¿puede una vacuna ahorrar dinero y, aun así, ser difícil de financiar?
Sí, una vacuna puede ser costo-efectiva y requerir una inversión inicial considerable; también puede generar ahorros, pero varios años después, de igual forma, puede liberar recursos sin generar efectivo disponible de inmediato, y puede generar beneficios para actores distintos de quien debe financiarla. Y parte de su retorno puede manifestarse en resultados que nuestros presupuestos ni siquiera contabilizan: capacidad hospitalaria, autonomía, cuidadores o consecuencias demográficas a largo plazo.
Por eso demostrar que una vacuna es costo-efectiva —o incluso ahorradora— puede ser el comienzo de una decisión, no su final. A lo largo de este especial hemos preguntado cuánto del valor de una vacuna logramos medir, si nuestros sistemas están preparados para vacunar a una población que envejece y si las herramientas utilizadas para evaluarlas representan adecuadamente la forma en que generan sus beneficios. Quizá debamos cerrar con una última pregunta: ¿estamos reconociendo correctamente todas las formas en que esa inversión retorna a la sociedad? Porque generar valor y poder financiarlo no son lo mismo, y aquello que genera valor tampoco siempre regresa en forma de dinero.